Recortes a Medicaid Sacuden a Hospitales y Estados
- 6 oct
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Los hospitales enfrentan un futuro fiscal incierto tras la firma de la Ley One Big Beautiful Bill Act del Presidente Donald Trump. Esta ley, también conocida como la "megaley" (megabill), impondrá un recorte de $340 mil millones de dólares a los presupuestos hospitalarios durante la próxima década para financiar reducciones de impuestos y otras prioridades del gobierno. Los recortes a la atención médica más dolorosos no entrarán en vigor hasta el año 2028, lo que ha provocado una conmoción en el sector, pero también ofrece tiempo para contraatacar.
La parte más significativa de esta reducción proviene de Medicaid, el programa de seguro médico estatal-federal para personas de bajos ingresos. En total, la ley recortará más de $1 billón de dólares en gastos de salud durante la próxima década, y la mayor parte provendrá de Medicaid. Además de otras disposiciones, como los nuevos requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de Medicaid, el proyecto de ley apunta a herramientas financieras que los estados usan para aumentar los pagos de Medicaid: la reducción de las tasas impositivas a los proveedores (del 6% al 3.5%) y los pagos dirigidos por el estado.
Hospitales y sus ejércitos de cabilderos (lobbyists) en Washington se preparan para una lucha de varios años para revocar los recortes del Partido Republicano. La demora en la implementación de los recortes hasta 2028 les da tiempo suficiente para persuadir a los legisladores. El año 2028 es además un año de elecciones presidenciales, lo que representa una palanca política importante. Los ejecutivos hospitalarios se sienten alentados por el historial del Congreso de retrasar o derogar partes gravosas de legislaciones importantes, como sucedió con el impuesto a los planes de seguro "Cadillac" y el impuesto a los dispositivos médicos en la Ley de Atención Asequible (ACA).
Si los cabilderos logran anular estos recortes, el costo de la One Big Beautiful Bill Act aumentaría significativamente, llevando el gasto deficitario a $3.4 billones de dólares en una década. Expertos advierten que esto podría exponer a los estadounidenses a tasas de interés más altas y a un crecimiento económico más lento. Sin embargo, los ejecutivos hospitalarios están dispuestos a asumir ese riesgo, pues han predicho que los recortes podrían amenazar la supervivencia de algunas instalaciones.
Aunque los recortes federales masivos están en el horizonte, varios estados ya están implementando reducciones en el gasto de Medicaid debido a temores de recesión o desaceleración económica y el fin de los fondos federales de emergencia. A diferencia del gobierno federal, los estados tienen dificultades para capear las recesiones sin reducir los programas principales, siendo Medicaid uno de sus mayores gastos.
Carolina del Norte: La agencia de Medicaid instituyó una reducción mínima del 3% en la paga para todos los proveedores que atienden a pacientes de Medicaid a partir del 1 de octubre, con recortes del 8% al 10% para médicos de atención primaria y especialistas, respectivamente. Estos recortes, que no tienen relación directa con la nueva ley federal, han generado temores de una pérdida inmediata de acceso a la atención. Un ejemplo claro es la dificultad para familias como la de Alessandra Fabrello, quien lucha por encontrar proveedores de terapia y enfermería para su hijo con una rara condición cerebral, y ahora enfrenta un recorte salarial como cuidadora.
Idaho: Líderes estatales respondieron a un déficit presupuestario de $80 millones recortando las tasas de pago de Medicaid en un 4% en todos los ámbitos. Esto ha generado preocupación sobre la capacidad de los hogares de ancianos y los pequeños hospitales (aquellos con 25 camas o menos) para mantenerse a flote, arriesgando el cierre de unidades de servicios esenciales como trabajo de parto y parto o salud conductual.
Los defensores advierten que las instalaciones, especialmente las rurales, que dependen en gran medida de los pagos de Medicaid y Medicare, son las más vulnerables. Además, la nueva ley impone barreras administrativas (como los requisitos de informe de trabajo), lo que generará costos administrativos significativamente mayores para los estados, como se vio en Georgia, donde el costo administrativo duplicó el gasto en cobertura real de Medicaid. Algunos análisis sugieren que estos recortes, si se mantienen, podrían causar la muerte de 51,000 personas al año.
A pesar de las promesas de fondos de ayuda para hospitales rurales ($50 mil millones), el consenso es que no serán suficientes para compensar las pérdidas, intensificando la presión sobre los legisladores para que intervengan antes de 2028.
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